Editorial de Alfredo Leuco, en Perfil. Muy bueno.
La Justicia tiene la gran oportunidad de investigar minuciosamente el funcionamiento de la caja negra sindical y su relación con los fondos sucios para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el subproducto más político que surge del triple crimen de General Rodríguez, ya convertido en Farmagate. Los aportes (por derecha y en blanco) de Sebastián Forza y de Ariel Vilán por 360 mil pesos son apenas la punta de un iceberg gigantesco que se cruza en el rumbo del Gobierno.
El escándalo recién comenzó cuando Forza apareció fusilado y se reforzó con el presunto suicidio de Vilán. Pero falta mucho por conocer todavía. Ya hay presentaciones hechas en Tribunales por diputados opositores que quieren saber si hubo tráfico de influencias o mucho más. Pero cualquier fiscal astuto y corajudo puede empezar a tirar de la cuerda y tratar de buscar las respuestas a muchas preguntas que levantan sospechas. Por ejemplo:
◆ ¿Es sólo una casualidad que casi el 40% del dinero entregado a los recaudadores K proviniera de la industria de la salud y las droguerías?
◆ ¿No tienen nada para decir en sede judicial Alberto Fernández, Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo? El ex jefe de Gabinete era la cabeza del comité de campaña y Gramajo y Capaccioli, sus amigos y lugartenientes. Gramajo era el encargado de las planillas y la contabilidad. Capaccioli era el tesorero.
◆ ¿Tiene algo que comentar Néstor Ricardo Vázquez, que fue gerente de la Superintendencia hasta el 21 de agosto del año pasado? Es un hombre del riñón del mundo sindical: nació profesionalmente en el ’79 en la Unión Obrera Metalúrgica y manejó los hilos al lado de José Luis Lingeri, cuando éste ocupaba el lugar de Capaccioli durante el menemismo.
◆ ¿Alguien está repasando los integrantes de los directorios de las empresas que integran el Registro Nacional de Precursores Químicos (como la efedrina) y que a su vez fueron aportantes de la campaña? Se trata en general de curtiembres o de empresas de venta de cueros y pieles que utilizan la acetona. Esto ya fue reclamado ante el juez por los jóvenes legisladores de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui y Fernando Sánchez.
◆ ¿Cómo es posible que nadie se preocupe por algunas cifras astronómicas ni cruce los precios que pagan las obras sociales de los gremios a muchos de sus proveedores?
No pueden explicar por qué una vacuna antigripal cuesta hasta 10 veces más que en cualquier farmacia de barrio para muchos burócratas sindicales que militan tanto en la CGT de Hugo Moyano como en la de Luis Barrionuevo.
Aquí no hay ideología ni kirchnerismo que los divida. Los une la omertà de las coimas y los retornos, ni el amor ni el espanto.
Todas las miradas apuntan a Capaccioli, porque casualmente era y es el superintendente de Servicios de Salud. Eso lo coloca en una posición ambigua, de los dos lados del mostrador. Por un lado aplicando políticas o reglamentaciones y por el otro recibiendo los generosos aportes de gente que, en algunos casos, utilizaba el rótulo de empresarios de la salud apenas como una fachada. Graciela Ocaña le dijo con toda contundencia a por lo menos dos funcionarios del Gobierno que Capaccioli debía renunciar.
La ministra de Salud, curiosamente, utilizó las mismas palabras con las que Capaccioli pidió la cabeza de Guillermo Moreno en un reportaje de PERFIL: “Debe dar un paso al costado porque le genera más costos que beneficios a la Presidenta”. En forma indirecta, Ocaña también se lo comentó a Cristina después de un acto con Alicia Kirchner.
Trascendió que la jefa del Estado le dijo: “Hacé lo mismo que en el PAMI”. Graciela Ocaña se dedicó durante el gobierno de Néstor Kirchner a extirpar de ese organismo el cáncer de las mafias corruptas que durante mucho tiempo estafaron a los jubilados y al propio Estado. La Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo descentralizado que depende del Ministerio. Por eso Ocaña es la superior inmediata de Capaccioli.
Para deslindar responsabilidades, Capaccioli le dijo a PERFIL: “Yo no tengo a las droguerías en mi área de funcionamiento. Mi trabajo tiene que ver con las obras sociales”. Esta es una declaración que conviene tener bien presente, porque son precisamente las obras sociales donde muchos jerarcas sindicales encuentran la lata ideal para meter la mano. En la política argentina nadie ignora que los gremialistas son millonarios (en muchísimos casos) y tienen un nivel de vida más parecido a los empresarios de su rubro que a los trabajadores que dicen representar. Y todos coinciden en que la principal fuente de su enriquecimiento veloz e ilícito son las coimas que cobran como devolución por la compra de insumos y servicios.
Sebastián Forza y Ariel Vilán hoy están muertos pero fueron dos botones de muestra de la trama de esos negociados oscuros.
Sus principales actividades durante mucho tiempo consistieron en sobrefacturar de forma grosera los medicamentos a las obras sociales o a hospitales u organismos del Estado; cobrar fortunas por servicios médicos dibujados y no prestados, y traficar o falsificar los remedios más caros que se utilizan en los enfermos de sida, cáncer y hemofilia, cosa que convierte esos delitos en aberrantes porque ponen en juego la vida de los pacientes.
Hay que buscar entre los proveedores del Hospital Francés durante la intervención de José Luis Salvatierra, hombre de Capaccioli y Alberto Fernández.
Salvatierra se tuvo que ir en medio de un escándalo donde una patota encabezada por la Sergio “la Tuta” Mohamad atacó a varios periodistas. En las últimas horas, Salvatierra fue mencionado en estos temas y reaccionó enviando una carta documento de advertencia a uno de los periodistas que mejor viene investigando esta trampa de negociados y agujeros negros. Mohamad, que después fue despedido por su condición de ñoqui del Gobierno de la Ciudad, es un conocido barra brava de Chacarita. Tal vez no solamente la camiseta funebrera junte a estos muchachos con Luis Barrionuevo porque en el PAMI, donde también funcionaron estos mecanismos perversos, tuvo un largo reinado Rubén Romano, casi el álter ego de Barrionuevo y denunciado por Graciela Ocaña por haberla amenazado de muerte.
Romano batió todos los récords de crecimiento patrimonial y dicen que dijo algo así: “Me está haciendo perder mucha guita. Me va a salir más barato matarla”.
El cartel de las droguerías y proveedores del Estado y las obras sociales tiene algunos eslabones que articulan la trama.
La Droguería San Javier, por ejemplo. Si se rasca un poco la cáscara de esa empresa, van a aparecer nombres estelares. Hay demasiada connivencia extraña.
Demasiados cruces de los mismos personajes en una matriz común de transacciones oscuras que se repiten en todos los casos.
Algunos se creyeron más rápidos que los carteles colombianos y/o mexicanos que les compraban la efedrina para fabricar drogas sintéticas y por eso fueron masacrados. Eso tiene más que ver con la lucha contra el narcotráfico que, en la Argentina, todavía está en pañales pese a varios síntomas de que mucha gente peligrosa se está radicando por estas pampas y con múltiples inversiones nada santas.
Pero volviendo al esquema corrupto de financiamiento, conviene saber que Capaccioli está dispuesto a realizar una presentación espontánea en la Justicia y que el nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa, lo confirmó en su cargo y le dijo: “La Presidenta no tiene ningún problema con vos”. ¿Será tan así?
En su momento, ya se comentó que un preocupado Néstor Kirchner llamó a Alberto Fernández, algo bastante infrecuente en estos tiempos, para pedirle precisiones sobre las donaciones de campaña que no cierran.
Alberto defiende a Cappaccioli pero no ha logrado mejorar su relación con Graciela Ocaña, que se astilló cuando ella se enteró por los diarios de su portazo. Alberto tiene un mejor ánimo que refleja sus días de descanso en Salta. Pero sigue esperando que pase el polvo de la explosión para acercarse de nuevo a los Kirchner y ofrecerse como organizador del kirchnerismo crítico, acordado con Néstor.
En los vericuetos de los financiamientos políticos hay cuestiones verdaderamente tragicómicas.
Hay errores de tipeo muy burdos que hacen sospechar si no fueron cometidos a propósito para ensuciar la planilla. El más generoso de los aportistas puso 710 mil pesos, cosa que está prohibida, pero lo hizo a través de la persona jurídica de su droguería y a través de dos nombres parecidos pero con el mismo DNI, Carlos Luciano Torres y Carlos Horacio Torresín.
¿Nos estarán tomando el pelo? ¿Será una provocación?
Aparecen varias empresas con nombres que sólo tienen una letra de diferencia y los mismos domicilios.
Es muy grave todo esto. Y el Gobierno responde con silencio. Otra situación insólita es que, al parecer, un agente vinculado a la SIDE y/o a la DEA, llamado Julio César Posse, o Pose, aportó también su granito de arena y luego su nombre apareció en la agenda de algunos investigadores del triple crimen.
Como si se tratara de una pesadilla para los Kirchner, los legisladores de Elisa Carrió piden que se busquen las posibles vinculaciones con Antonini Wilson, el de la valija negra de los verdes bolivarianos que esta semana va a pasar a la historia en Miami.
Encima, Néstor Kirchner, casi contemporáneamente, va a estar con Hugo Chávez en Caracas y, tal vez, en Nueva York con Cristina.
Ojalá se industrialice una investigación seria y valiente sobre este submundo inmoral y temible que hace años viene abasteciendo a muchos gremios y a muchos políticos y que de una vez por todas hay que desterrar de la Argentina.
No hay calidad democrática posible con los dineroductos de la corrupción. Hay que cerrarle todos los caminos a la narcopolítica.
La olla recién fue destapada. Pero ya deja escapar un olor a podrido insoportable.
